[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/includes/session.php on line 2208: Array to string conversion
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/includes/session.php on line 2208: Array to string conversion
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/includes/session.php on line 2208: Array to string conversion
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/includes/session.php on line 2208: Array to string conversion
REPUBLICA SEGORBE • Ver Tema - SENTENCIA TSJCV 1276. SOBRE SECTOR 1

SENTENCIA TSJCV 1276. SOBRE SECTOR 1

Nuevo foro dedicado a debates en republicasegorbe.org

SENTENCIA TSJCV 1276. SOBRE SECTOR 1

Notapor Lucero » Lun Ene 21, 2013 7:27 pm

ROLLO DE APELACIÓN 01/1863/09
SENTENCIA N° 1276
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Presidente
D. Mariano Ferrando Marzal
Magistrados:
D. Carlos Altarriba Cano
Da Desamparados Iruela Jimenez Da Estrella Blanes Rodríguez Da Inmaculada Revuelta Pérez
k * * * * * **************k *
En valencia, a 23 de noviembre del año 2012.
Visto el recurso de apelación n° 1863/09 interpuesto por el procurador de los tribunales Da Paula María Ramón pratesaba, en nombre y representación de la entidad "Asocioación de
Vecinos sisterre Sector 1", contra la Sentencia n° 99/09, de 9 de marzo, dictada en el Recurso Contencioso-Administrativo n° 78/07, tramitado por el juzgado de lo Contencioso-administrativo no 2 de Castellón, sobre retasación de cuotas de urbanización; en la que ha comparecido como apelada la administración demandada, Ayuntamiento de segorbe, representado por el Procurador Da Eva Mária Pesudo Arenós; y la entidad "Hermanos
1
Ventura SL", representada por el procuradora D. Raul Martinez Gimenez.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMER0.- Por el Juzgado de lo contencioso citado se remitió a esta Sala el Recurso contencioso-administrativo arriba citado seguido a instancia de la actora, procedimiento que concluyó por sentencia del Juzgado de fecha, cuyo fallo estimabajdesestimaba la pretension del actor.
SEGUNDO.- Notificada la anterior resolución a las partes intervinientes, se interpuso recurso de apelación por la representación del apelante, alegando substancialmente que procedia la revocación de la sentencia dictada, por no ser conforme a derecho.
TERCER0.- La apelada, por su parte, formalizó escrito de oposición el Recurso de Apelación en el que substancialmente se hacia constar que, procedia la confirmación de la sentencia.
CUARTO.- Elevadas las actuaciones a la Sala se formó el presente Rollo de Apelación por Diligencia de cordenación, en la que se acordo admitir a trdmite el recurso, quedando sehalado para su votación y fallo el dia 23 de noviembre, teniendo asi lugar.
En la tramitación del presente Rollo se han observado todas las formalidades legales.
Ha sido el ponente para este trdmite el limo. magistrado DON CARLOS ALTARRIBA CANO, quien
expresa el parecer de la Sala.
2
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El acto administrativo no es otro que el Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento en Pleno el día 14 de marzo de 2006, por el que se aprueba definitivamente la retasación de cargas referidas al, programa de actuación integrada del sector s-1, residencial de Segorbe.
SEGUNDO.- La SENTENCIA DICTADA declara la inadmisibilidad del recurso, en atención a lo dispuesto en la letra "b" del Art0 69 de la Ley jurisdiccional, por entender que el recurso se ha
i nte rpuesto por persona incapaz, no debidamente
representada o no legitimada
En este sentido, pone de manifiesto la sentencia que, si bien se ha aportado, por la asociación, un acuerdo que denomina de la Junta
rectora, de fecha 17 de diciembre de 2003, en el
que se autoriza a la interposición del recurso; ese acuerdo es insuficiente tanto por razones formales, como substantivas, pues no se ha acreditado, dice el juzgado, que la citada "junta rectora", sea el órgano que estatutariamente tenga atribuida la facultad de decidir sobre la interposición del recurso, (Razones formales, según se afirma) y por otra parte, el acuerdo solo autoriza a impugnar el PAl, pero no la retasación de cargas, (Razones substantivas, según expone)
TERCERO.- El Apelante además de poner de manifiesto la inconsistencia de la declaración de inadmisibilidad, nos dice que:
a).- El PAl es nulo por haberse aprobado entes de la publicación del Plan Parcial que le sirve de cobertura.

b).- El PAI es nub, pues no se han observado las normas de contratación del estado, al tratarse de una obra p6blica.
c).- La retasación no es viable porque no esta fundada en causas objetivamente imprevisibles.
La corporación municipal, ademds de la causa de inadmisibilidad, afirma expresamente que, "7a retasación estd fundada en 7os criterios del art° 67 de la LRAU por obedecer a causas derivadas del requerimiento municipal if a 7a petición de las exigencias de las compafiias suministradoras que no habian podido ser conocidas en 7a redacción de7 anteproyecto que se tome, en consideración para hacer 7a oferta económico financiera propuesta por e7 agente urbanizador y aprobada por e7 ayuntamiento"
El Apelado, concretamente la entidad urbanizadota, dedica todo su recurso a defender la inadmisibilidad.
CUARTO.- El principio por accione, obliga a ser muy cauto en las declaraciones de inadmisibilidad porque, comportan restricciones notables al conocimiento sobre el fondo de la cuestión, siendo este un reiterado pronunciamiento del Tribunal constitucional.
En el supuesto de autos, esa violación del principio "por accione", se ha materializado, pues aun cuando es cierto que por la Jurisprudencia del supremo se ha exigido que, tratándose de acciones ejercitadas en nombre de un ente colectivo, se acredite el oportuno acuerdo del Organ() que estatutariamente tiene acreditada esa facultad; no
es menos cierto que, en nuestro caso, la
autorización para litigar se concede por Acuerdo mayoritario de la Asamblea General de la
4
asociación, adoptado en su sesión extraordinaria no 3 de fecha 17 de diciembre de 2003, por 33 votos a favor de los 45 asociados presentes, acordándose la interposición de recurso contencioso contra el PAL.
El error del juzgado es atender a la metáfora del poder notarial que habla de "junta rectora", cuando en realidad, el acuerdo, se ha adoptado por la Asamblea General, que constituye el órgano supremo de la asociación, según se desprende el At° 11 de la LO 1/2002 y que consiguientemente, tiene facultades mas que suficientes, según se deriva de la ley, para acordar la interposición del recurso contencioso objeto de estos autos.
La referencia a los Estatutos, que hace la sentencia, es absolutamente inútil, porque la Asamblea General es lo que es, al margen de lo que puedan decir los estatutos que, en este caso, no pueden contradecir .a la ley.
La misma conclusión ha de extenderse en relación con aquellas razones de carácter
sustantivo que, la sentencia mencionada nos
cuenta, ya que según dice, se autorizó a
impugnar el PAl, pero no la retasación.
Esta segunda causa, constituye una nueva violación del principio de tutela, pues efectivamente, la retasación de cargas no es más que, la modificación de la proposición Jurídico- económica que contiene el Programa, de forma tal que si se autoriza a impugnar el Programa
originalmente configurado, también la
autorización se extiende a todas aquellas modificaciones de dicho Programa que incrementen las cargas que, el Programa, define e impone a los propietarios afectados del suelo que se considera.
5
La retasación de cargas, en este sentido, debemos decir que, a efectos del ejercicio de la acción, es parte del Programa y precisamente su momento final.
QUINTO.- Entre las pretensiones del actor, que
seguidamente debemos examinar a causa de la declarada inadmisibilidad, podemos distinguir unas genéricas y otras concretas.
Las genéricas están absolutamente desenfocadas y las concretas se refieren a esas especificas cantidades retasadas, en las que resulta incrementado el importe de las cargas.
En cuanto a las genericas:
a).- Es absolutamente normal que el Programa haya sido aprobado por la corporaci6n municipal en un momento cronológicamente anterior a la publicación del Plan parcial.
constituye una particularidad de la legislación valenciana.
Se trataba de un Plan parcial que alteraba la ordenación estructural.
A resultas de ello, el Plan Parcial y su homologación fueron aprobados provisionalmente por la corporación municipal, al tiempo que se adjudicaba el programa de actuación integrada de forma definitiva.
El Plan Parcial, se remitió a la conselleria para su aprobación, con lo que su publicación aparece diferida en el tiempo, deforma tal que, la
aprobación definitiva del programa, esta sujeta,
supeditada en rigor, a la condición de la
aprobación definitiva del plan parcial, lo que
6
explica que la publicación del plan parcial sea posterior a la aprobación del acuerdo de adjudicación del programa
b).- Por otra parte, en absoluto es posible examinar, a resultas de la retasación, las cuestiones derivadas de la falta de cumplimiento de la Ley de Contratos del Estado.
No solo porque no se explicitan que preceptos de la ley de contratos se ha incumplido, ya que en este sentido las alegaciones genéricas son insuficientes; sino porque el acuerdo de aprobación del PAl fue consentido por la actora, de forma tal que no es posible admitir la impugnación en el año 2007, de algo que para la actora adquirió firmeza, por su aquiescencia y falta de acción, cuando se materializó, por la
Administración Autonómica, la aprobación
definitiva del Plan Parcial el 10 de junio del año
2005.
Es más, no resultaría posible una impugnación indirecta del PAT, (obsérvese que decimos del PAl no del plan) a resultas de la aprobación de la retasación, porque el Programa no es propiamente una norma jurídica y consiguientemente no es susceptible de impugnación indirecta.
Mas, aunque se dijera que si lo es, (susceptible de esa impugnación), porque a pesar de que su ¡ter formativo es contractual, su sustantividad es normativa; ello no obstante los defectos que se mencionan, (publicidad), serían de carácter formal y sabido es que, el TS, ha desconocido la posibilidad de instrumentar, como razón del recurso indirecto, motivos formales
derivados del proceso formativo de una norma
reglamentaria.
7
SEXTO.- Entrando ya en lo que constituye la razón de fondo del recurso, podemos hacer constar que:
La administración municipal pretende la retasación en base a los siguientes conceptos:
movimiento de tierras;_
Reposición de acequias;
zona verde central;
Baja tension;
Media tension.
. 334.084'34
136.608'66
65.829'28
59.528'29
57.573'23
centros de transformación_. 39.732'76.
Todo ello hace un total de 680.368'49 seg6n el urbanizador, pero limitando la administración el incremento de 647.081'85.
SEPTIMO.- La retasación de cargas, en el marco de los procedimientos de gestión indirecta que articula y desarrolla la LRAU, ha sido y es un concepto controvertido, pues casa mal con el sistema de selección del urbanizador por medio de concurso páblico, hasta el punto de llegar a constituir en ciertos casos una corrupción del sistema, pues través de la retasación se puede desvirtuar notablemente los principios de libre concurrencia en la que pretende ampararse los métodos de gestión indirecta que articula la LRAU.
Acaso, lo correcto desde el punto de vista legislativo, hubiera sido que, el importe máximo de los costes de urbanización, no pudiera superar el ofertado en la proposición juridico-económica.
8
No ocurre así', ni en la LRAU, ni en la LUV, aunque esta última ya contiene una importante restricción, en la medida en que la retasación no puede implicar un incremento del importe de las cargas previsto en la proposición jurídico- económica superior al 20 %. Lo que ya es algo, pues de lo contrario, se podía producir paradojas como la que estos autos contemplan, en los que el incremento de coste se aproxima al 70%.
A raíz de la patología que significa la retasación, esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse reiteradamente en el sentido de que las causas de retasación no son otras que las que previene la Ley, y además son siempre de interpretación restrictiva.
Por otra parte, esta Sala en la misma línea, ya se anticipó, en cierta medida, a la limitación del incremento que señala la LUV, y a través de su sección 2a, en sentencias de 3 de diciembre de 2004, 28 de mayo de 2004, 17 de diciembre de 2004, y 4 de abril de 2005, dijo que:
"la aprobación de una modificación del
proyecto de urbanización que esencialmente es otro
y distinto, vulnera el principio de confianza
legítima del Agente urbanizador, sin que el cambio
de criterio de la administración le obligue a
asumir unos mayores costes de urbanización
Estos mismos argumentos, que van referidos al urbanizador, son extensibles, en su justa medida, a los propietarios afectados' por la acción urbanizadora, pues también ellos han visto vulnerada su confianza legítima en lo referido al importe de los costes de urbanización, que ven
como se multiplican irremediablemente.

Por ello seguimos afirmando que, las causas que menciona el Art. 67. 30 de la LRAU, son siempre de interpretación restrictiva, de forma que, solo es factible la retasación, en los
supuestos en los que el aumento "obedezca a causas
objetivas, imprevisibles para el urbanizador, al
comprometerse a ejecutar la urbanización", lo que
seguramente, solo tiene lugar en los dos supuestos siguientes: de una parte, cuando transcurrido un periodo de tiempo no se haya iniciado la ejecución por causas no imputables a este;, y de otra, cuando existan variaciones en el proyecto impuestas por cambios legislativos, o por decisiones de las administraciones públicas, en función de causas de interés general, muy limitadas.
una muestra de la perversión en la aplicación de la Ley, es el supuesto que esta apelación contempla, pues no importa cuales hayan sido los costes ofertados en el anteproyecto de urbanización que acompaña a la propuesta de programa, si después, una vez aprobado este, podemos superarlo, sin ningún límite, y además, ese
incremento, se hace a espaldas de los propietarios, que serán los que tendrán finalmente que de abonarlo, sin darles participación alguna en su configuración, y a través de un acto administrativo absolutamente inmotivado, esto es, en el que no se explicitan las causas y, los porqués de una multiplicación del costo de la obra urbanizadora.
Es evidente que la LRAU, contiene 1 un procedimiento específico para retasar, si queremos un procedimiento sumario, pero un procedimiento al fin y al cabo, como se desprende del contenido del párrafo 40 del Art. 67 de la misma, que expresamente dispone:
10
cuando, antes de 7a aprobación del prvyecto o
con motivo de 7,15 incidencias sobrevenidas en su
ejecución material, 7os afectados manifiesten sus
discrepancias respecto de 7os costes
presupuestados, 7a Administración actuante
resolverd previo dictamen arbitra7 de peritos
independientes designados a7 efecto. Sus
honorarios se cons ideraran cargas de 7a
urbanización, pugaderas conforme a7 n° 1 anterior
o por cuenta de quien hub iera prppuesto o
discutido temerariamente 7os presupuestos, segdn
resue7va la adninistración actuante se pod/4
prescindir del Dictamen cuando e7 urbanizador
justifique 7os costes prvpuestos en precios de
mercado, con trastados con prpposiciones suscitadas
a7 ofertar en pdblica competencia 7a contrata de
7a obra, To que podrá hacer durante 7a información
pdblica del prvyecto de urbanización en la Forma
dispuesta por 7os articuTos 46.3y 48"
sencillamente, la administración ha hecho de su capa un sayo y, ha obviado por completo el procedimiento que sehala la Ley, que exige necesariamente la intervención de los interesados antes de dictarse la resolución, a través del cauce del trdmite de audiencia que sehala el Art. 84 de la Ley 30/92, para que estos, en su caso, puedan manifestar sus discrepancias, hasta el punto de que, en el supuesto de existir estas, la administración, resuelva previo dictamen arbitral. De manera que solo se puede prescindir de dicho dictamen cuando los precios hayan sido contrastados con proposiciones suscitadas al ofertar en Oblica competencia la contrata, lo que desde luego no es el caso de autos.
De e
genera u
absoluta, texto de
;ta forma, la omisión de dicho trAmite
la situación de indefensión material y
que no tiene ningun remedio, dado el
la ley, y que debiera merecer la nulidad
11
radical a que se refiere el Art. 62 10 "e" de la Ley 30/92.
Pero es que además, la decisión de la administración habrá de ser una decisión motivada, no solo porque de forma genérica lo impone el Art. 54 de la Ley de procedimiento, sino porque así lo exige la naturaleza de los trámites que señala el propio precepto de la LRAU que acabamos de citar. Y esa falta de motivación acarrea también la nulidad del acto.
Queremos simplemente, en este sentido, terminar recordando la sentencia del TS de 29 de noviembre de 2004,
Y hay que decir también que, cuando el artículo 3, número 5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común (en la redacción dada por la Ley 411999) proclama que la Administración, actuará en relación con los
ciudadanos, conforme al principio de transparencia, no está haciendo una huera proclama populista sino incorporando al derecho positivo un principio sustentador de un Estado, como lo es el Estado español, que no sólo es social y democrático sino también de derecho.
Porque uno de los rasgos definidores -no meramente retórico- de la democracia es, el de que, en un Estado de ese tipo, los poderes públicos -todos ellos, por supuesto el judicial hablando por medio de sus sentencias y resoluciones, pero también los demás, y por tanto la Administración pública- han de dar razón de sus actos, lo que quiere decir que han de explicar razonada y razonablemente el porqué de sus decisiones.
12
un deber que tienen, no sólo respecto de 7os
particulares sino tambien, y aunque e7 citado
articulo 3 no 7o diga expresamente, respecto de
7os restantes poderes pob7icos cuando asi proceda,
como procedfa en e7 caso que nos ocupa.
Ademds de todo lo anterior que no es poco, no ha conseguido la corporaci6n municipal acreditar, que el incremento proceda de causas objetivas impredecibles, sino más bien todo lo contrario, pues una mera lectura de los conceptos a los que se extiende la retasación, implica la conclusion que su prevision o previsibilidad era perfectamente posible, de manera que no se pueden imputar, ahora ex novo, a los propietarios integrados en la actuación.
OCTAVO.- Todo lo anterior determina la Estimación del recurso, sin que proceda hacer imposición de las costas causadas, dado el contenido del Art. 139 de la ley de esta jurisdicción.
F A L L A MOS
Que en relación con el Recurso de Apelación no 1963/09 interpuesto por el procurador de los tribunales Da Paula Maria Ramón Pratesaba, en nombre y representación de la entidad "Asocioación de vecinos sisterre Sector 1", contra la Sentencia n° 99/09, de 9 de marzo, dictada en el
Recurso Contencioso-Administrativo n° 78/07, tramitado por el juzgado de lo Contencioso¬administrativo n° 2 de Castellón, sobre retasación de cuotas de urbanización, debemos hacer los siguientes pronunciamientos:
13
a).- Estimar el recurso y consiguientemente, revocar la declaración de inadmisibilidad que contiene la citada sentencia.
b).,- Anular el acto administrativo recurrido, consistente en Acuerdo del Ayuntamiento en Pleno del día 14 de marzo de 2006, por el que se aprueba definitivamente la retasación de cargas referidas al, programa de actuación integrada del sector 5¬1, residencial de Segorbe
C).- No hacer expreso pronunciamiento sobre costas.
Y, para que esta sentencia se lleve a puro y debido efecto, devuélvanse los autos al juzgado de su procedencia con testimonio de la misma para su ejecución.
Así por nuestra Sentencia definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
14
PUBLICACION: Leida ji pub7icada ha sido 7a
anterior sentencia por e7 limo. magistrado
ponente, que 70 ha sido para 7a celebración del
p.resente recurso, celebrando Audiencia Publica
esta sala, de 70 que, como secretaria de 7a misma,
certifico. valencia fecha ut supra.
15
Lucero
 
Mensajes: 27
Registrado: Dom Ago 17, 2008 5:50 pm

Volver a Foro Debate Principal

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

cron